Ana Barreira
Abogada y Directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). Ha trabajado como consultora para el Banco Mundial y la Comisión Europea. Ha impartido docencia en diferentes universidades y es autora del manual «Medio Ambiente y Derecho Internacional: Una Guía Práctica«.
¿Qué es lo que más le preocupa hoy?
Contamos con un marco jurídico de protección ambiental muy desarrollado a partir de la Conferencia de Medio Ambiente Humano de la ONU de 1972. Contamos con alrededor de 250 Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente, legislaciones regionales marcadas por la UE y por la ONU, normativas nacionales y autonómicas… Sin embargo, su aplicación ha sido y sigue siendo deficitaria. Por este motivo tenemos una emergencia climática. Si se hubieran aplicado y respetado esos compromisos internacionales y resto de leyes, nos encontraríamos en una mejor situación. El derecho es una de las herramientas principales para organizar la sociedad y desempeña un papel esencial en la protección del medio ambiente. Por ello, me preocupa que sigamos inmersos en la adopción de más y nuevas normas, en muchas ocasiones repitiendo lo que ya tenemos. Y me preocupa porque al no aplicarse correctamente, la degradación medioambiental y el deterioro de los recursos no cesan.
¿Qué se puede hacer para solucionarlo?
Tenemos que contar con buenos sistemas de gobernanza. Para ello, en primer lugar debemos hacer hincapié en la aplicación y cumplimiento efectivos de la legislación ambiental para evitar que se produzcan daños. Debemos priorizar la faceta de prevención del derecho y no de remediación cuando el daño ya se ha producido. Es esencial dotar de medios suficientes a las instituciones y órganos encargados de la vigilancia y el cumplimiento del derecho ambiental. Las normas deben incluir mecanismos que permitan el seguimiento de su cumplimiento. Es fundamental destinar recursos a la administración de justicia en materia ambiental, incluyendo la formación de jueces.
¿Qué se está haciendo bien?
La Comisión Europea, a través del Pacto Verde, se ha propuesto tener un marco normativo ambiental más integrado que considera los límites del Planeta. Esto es muy importante porque es la base del Plan de Recuperación de la UE. Las recientes sentencias en litigios climáticos en casos como la de manda de la ONG Urgenda, en los Países Bajos, o el presentado contra el gobierno de Irlanda, abren el camino a que el litigio climático y ambiental genere cambios en leyes o políticas en esta materia. Además es una llamada de atención a los gobiernos: deben de actuar de forma convencida. Estos casos sientan un precedente, ya que demuestran que el derecho y la justicia son garantía para la protección del planeta, nuestra casa común.
